En el contexto actual de la “nueva normalidad” es conveniente revisar los resultados del Estado de Emergencia Sanitaria y Nacional a causa de la COVID-19, así como, la aplicación del debatible esquema de “cuatro fases” para el retorno al mercado de diversos sectores productivos, decisiones que evidentemente han impactado negativamente en muchas empresas y en particular en las micro empresas generando su paulatina quiebra y disminución operativa en muchas de ellas, las consecuencia son verificables en los indicadores macro económicos proyectándose que el Producto Bruto Interno (PIB) tendrá una caída aproximada al 15% al cierre del año 2020, acompañan también a esta cifra otros indicadores macroeconómicos, los cuales muestran resultados desalentadores en comparación al año 2019 (Nota Semanal BCRP-Noviembre 2020):

01. Demanda Interna, una importante caída de -13% (gasto e inversión que hacen los agentes económicos: familias, empresas y Estado en la compra de bienes y servicios).

02. Tasas del Consumo, disminución en -11% y caida de la inversión privada en -30%, elementos que componen el 80% del PBI.

03. Inversión Pública, registro una caída -25%, respecto a la cual el Estado proyecta promover una recuperación en el año 2021 impulsando algunos proyectos pendientes, según se expuso recientemente en el Congreso de la República.

Lamentablemente estos efectos vienen generando un elevado desempleo e incremento de la informalidad laboral. Se estima que la informalidad laboral pasaría de 72% a 80% de la PEA (Encuestas ENAHO INEI).

Entonces la pregunta es ¿qué hacer ante esta complicada situación? La teoría nos dice que es importante respetar los fundamentos macroeconómicos, significa aplicar adecuadamente la política monetaria, cambiaria, fiscal y tributaria. Las dos primeras están bajo la responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCR), y las dos últimas a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Respecto de las que atañen al BCR, considero que se han administrado correctamente en los últimos 30 años. Incluso durante la pandemia se utilizaron bien los diversos instrumentos que tienen, como la tasa de referencia y los encajes, además de inyectar liquidez (aproximadamente 8% del PBI) al mercado, vía el sistema financiero, para otorgar crédito a las empresas, con el aval del Ejecutivo. Lo que se llamó Reactiva Perú y FAE MYPE y FAE TURISMO (otro tema de discusión será la forma en que se vienen operando estos fondos y su respectivo control).

El tema opinable está en las decisiones del MEF en razón a que progresivamente se ha ido deteriorando el manejo fiscal durante la última década, y peor aún en el último quinquenio, con indicadores de déficit y deuda en crecimiento, aunque lento y aún nada preocupante en su nivel, pero sí en la tendencia. Estos indicadores han subido durante la pandemia a porcentajes muy altos respecto del PBI, pues llegarían a un déficit fiscal de 10% y deuda publica ascendente a 35%. Sin perspectivas confiables de recuperación a cifras manejables al no asegurarse la disposición de ingresos fiscales, que han caído, y para lo cual se requiere que la economía crezca y hacer una reforma tributaria integral. Para ello urge una disminución, control y reestructuración responsable en el gasto corriente del Estado. Adicionalmente impulsar la inversión publica de calidad y oportunidad en sus tres niveles –nacional, regional y municipal–, que incorpore además un proceso real de descentralización.

Para el apoyo a la inversión privada (más del 80% de la inversión nacional), un elemento cooperante es brindarle atención especial a los conflictos sociales que afectan a actividades claves, como la minera, energética y agroindustrial a través de inversión público privada en servicios e infraestructura básica, y proyectos de desarrollo productivo concertado, utilizando el fondo de adelanto social y el mecanismo de obras por impuestos. Un esquema como el descrito asegura mover la inversión de inmediato, en el corto plazo, y garantiza su continuación y estabilidad.